Aunque después de las independencias fue proclamada la democracia como forma de gobierno entre las distintas repúblicas latinoamericanas, el poder económico y político en manos de reducidos grupos dinásticos impidieron su desarrollo. Durante el siglo XIX la lucha política se concentró en caudillos, dictaduras o partidos (largamente predominó el conflicto entre liberales y conservadores), que implantaron regímenes oligárquicos.
El avance de la democracia representativa en América Latina es un proceso del siglo XX, vinculado con el desarrollo del capitalismo en la región. Al mismo tiempo, ha estado sujeto a los conflictos sociales y a las confrontaciones políticas, que son dos esferas con distinto alcance. En la conflictividad social se evidencia aquello que K. Marx denominó como lucha de clases, mientras las confrontaciones políticas esconden esa realidad a través de personas, partidos o movimientos que son los actores visibles. Afirmarlo tampoco es nuevo, porque las ciencias sociales latinoamericanas han esclarecido estos temas desde hace mucho tiempo.
Sin embargo, lo que sí se presenta como un fenómeno relativamente nuevo en la historia de la democracia representativa del presente latinoamericano es la participación de los empresarios y millonarios en la vida política. Durante la época de los regímenes oligárquicos tradicionales, los políticos provenían normalmente de las capas dominantes, de manera que en la región cada país puede dar cuenta de los gobernantes y sus vínculos con la propiedad terrateniente (haciendas, estancias, plantaciones), el comercio, los negocios mineros, los bancos privados o las incipientes industrias. Pero con el desarrollo capitalista, la vida política fue quedando en manos de partidos organizados con propósitos electorales, que recubren con su ideología los intereses de clase a los que expresan y que es necesario descubrir.
A fines del siglo XX, en las condiciones creadas por la globalización, los empresarios y millonarios se alejaron de la vida electoral directa, confiando en que personalidades promovidas por ellos y partidos igualmente auspiciados, podían representar sus intereses y protegerlos. En todo caso, siempre han tenido la habilidad y capacidad para influir sobre los gobiernos de cualquier tendencia. Además, pueden extender esa influencia a otras funciones y aparatos del Estado, con variados mecanismos que van desde la posibilidad de conversar con las autoridades, promover leyes, presionar, alcanzar contratos, contar con el apoyo de los medios de comunicación, hasta ejercer verdaderos chantajes y corruptelas. De todo ello hay larga experiencia en América Latina. Cuando fue necesario, los empresarios y millonarios no tuvieron límites en brindar apoyo y sostener regímenes de muerte, como fueron las dictaduras militares terroristas del Cono Sur en la década de los setenta, y que Chile recuerda al conmemorar los 50 años del derrocamiento del presidente Salvador Allende (1970-1973).
Un importante estudio de Inés Nercesian, al que me he referido en otra oportunidad y que se titula Presidentes empresarios y Estados capturados: América Latina en el siglo XXI (2020), se concentró en examinar la participación de los empresarios millonarios en la política del nuevo siglo. Una década atrás, la revista Nueva Sociedad había dedicado un número especial sobre “Empresarios a la presidencia”. No se trata de viejas oligarquías, ni de cualquier empresario pequeño o mediano, sino de grandes empresarios, dueños de poderosas empresas y evidentemente millonarios, que se decidieron por participar en las elecciones propias de la democracia representativa, en coincidencia con el desarrollo del período económico neoliberal. Varios llegaron a ser presidentes: “Goni” Sánchez de Lozada (Bolivia), Vicente Fox (México), Mauricio Macri (Argentina), Sebastián Piñera (Chile), Álvaro Uribe (Colombia), Elías Antonio Saca González (El Salvador), Horacio Cartes (Paraguay), Pedro Pablo Kuczynski (Perú), Ricardo Martinelli y Juan Carlos Varela (Panamá). En esta fase contemporánea, el primer empresario-millonario en llegar a la presidencia del Ecuador fue León Febres Cordero (1984-1988), quien inició el neoliberalismo y realizó un gobierno orientado por los intereses de su clase, con graves repercusiones para la sociedad e incluso la democracia. El segundo es el banquero Guillermo Lasso, actual presidente del país.
Sin embargo, ninguno de los empresarios-presidentes impulsó relaciones económicas de bienestar social, desarrollo de derechos laborales y masiva atención con servicios públicos gratuitos en educación, salud, medicina y seguridad social. Ocurrió todo lo contrario, ya que apuntaron contra el “intervencionismo” estatal en economía, confiaron exclusivamente en las capacidades de la empresa privada y ajustaron su gestión a los intereses de los capitalistas locales y de las empresas transnacionales, guiados por la ideología de la competencia y el mercado libre.
Además, en lo que va del siglo XXI los empresarios-millonarios han encontrado un “enemigo” especial: el surgimiento de un amplio sector de población que ha respaldado gobiernos progresistas de nueva izquierda, que no está dispuesto a que la democracia representativa funcione al servicio de las elites del poder beneficiadas con el modelo neoliberal. Eso ha agudizado la “derechización” de la elite empresarial y, además, ha permitido un avance inédito de la ideología capitalista, en la cual el neoliberalismo pasa a ser insuficiente y avanza el “libertarianismo” de los “anarco-capitalistas”, que tienen en Xavier Milei a su representante ideal, con posibilidades ciertas de llegar a la presidencia de Argentina. Poco se habla y analiza sobre el surgimiento en América Latina de un sector identificado como “burguesía-mafiosa”, que por distintos estudios publicados tiene que ver con los lazos o beneficios que un segmento empresarial aprovecha del narcotráfico y la delincuencia organizada.
Estos temas toman actualidad en Ecuador. Como no ocurriera en cuatro décadas de democracia representativa, en la primera vuelta realizada el pasado 20 de agosto, cuatro empresarios postularon a la presidencia: Daniel Noboa, Jan Topic, Otto Sonnenholzner y Xavier Hervas. Si se examinan sus programas de gobierno (https://rb.gy/kspot), por sobre los matices del lenguaje y las vaguedades de las generalizaciones y abstracciones que realizan, todos coinciden en dar continuidad al modelo neoliberal restaurado en el país con Lenín Moreno (2017-2021) y Guillermo Lasso (2021-2023). El programa de Tópic es el más claro en esa visión y este candidato fue el primero en lanzarse abiertamente contra el “correísmo”. Ninguno de estos empresarios-políticos fueron candidatizados por partidos propios (son “outsiders”). Según opiniones periodísticas, el debate entre los candidatos favoreció a Noboa, a quien se le dio poca importancia durante las campañas políticas. Daniel Noboa es hijo de Álvaro Noboa, el magnate bananero de Sudamérica, quien también, a su tiempo, se había postulado a la presidencia en cinco ocasiones, sin éxito. Pero, en estricto rigor, lo que el debate presidencial ocultó es la visión empresarial y neoliberal de Noboa, tras una apariencia de seriedad, discurso argumental y hasta juventud. La votación que obtuvo le ha permitido pasar a la segunda vuelta (se realizará el 15 de octubre), confrontando con Luisa González, candidata de la Revolución Ciudadana.
En las entrevistas posteriores, debiendo aclarar su programa y sus ofertas si llegara a la Presidencia, Noboa ha puesto al descubierto las tesis “ocultas” de su visión económica, como puede comprobarse acudiendo a las múltiples noticias que han quedado registradas por internet. Ha adelantado nombres de posibles ministros, que provienen del área empresarial más conservadora; igualmente cree en un Ecuador más “competitivo” y se ha referido a las leyes laborales y los “altos” salarios; coincide con cambios en la seguridad social en la línea de la comisión especial que presentó reformas que afectan a las pensiones; expresamente ha sostenido que hay que ofrecer “incentivos tributarios” a las empresas. Son las mismas consignas de las elites económicas de Ecuador desde la década de los ochenta. De modo que, de triunfar en las próximas elecciones, Daniel Noboa pasaría a ser otro empresario-millonario presidente en la lista latinoamericana. Y eso implica que, siguiendo el concepto de Inés Nercesian, en el país no se alterará la “captura” del Estado por una élite empresarial que quiere mantener la economía orientada a sus rentabilidades y privilegios.